SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de República Dominicana detendrá y someterá a la justicia, por primera vez y pese a la oposición de diversos sectores, a los clientes de las trabajadoras sexuales, aunque no existe ninguna legislación que prohiba a una persona prostituirse.
Francisco Domínguez, procurador general, explicó el miércoles que el inminente arresto de los clientes de las prostitutas forma parte de los planes para combatir la trata de personas que afecta en el país a miles de mujeres, adultas y menores de edad.
"Se trata muchas veces de muchachas menores de edad que son semiesclavizadas", comentó el fiscal general. Recordó que con frecuencia se conocen casos de mujeres que, tras permanecer en centros de prostitución, "las reclutan para llevárselas a Argentina, Chile o a Europa", donde les son arrebatados sus documentos migratorios.
Un informe presentado el mes pasado por la organización Tú Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó que República Dominicana ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, sólo superado por Tailandia, Brasil y Colombia, como país de origen de mujeres que son prostituidas en otras naciones.
El estudio recopiló testimonios de mujeres dominicanas que han sido víctimas de la trata para ser explotadas sexualmente en otras naciones, principalmente de Europa, de Sudamérica y otras en islas del Caribe.
En años recientes, las autoridades han reportado que mujeres dominicanas son explotadas sexualmente en países de Medio Oriente.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no cuenta con estadísticas actuales, pero en su último estudio sobre República Dominicana estimó en 2003 que cerca de 60.000 mujeres de este país se prostituían en el extranjero.
"Para evitar que las mujeres dominicanas sean explotadas y obligadas a prostituirse, es necesario penar a quien consuma esos servicios sexuales", advirtió Jonathán Baró, procurador especial contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Domínguez, procurador general, precisó que las fiscalías ya comenzaron a combatir la prostitución en algunos centros turísticos, a donde mujeres y hombres, incluidos menores de edad, ofrecen sus servicios sexuales, muchas veces a la luz del día, a los miles de turistas que visitan las playas dominicanas.
El código penal dominicano no prohibe que una persona se prostituya o que otra contrate de forma directa sus servicios sexuales, pero sí establece penas para los proxenetas y en 1999 el Congreso aprobó una ley para tipificar la trata como delito.
Las nuevas disposiciones de la Procuraduría generaron el rechazo y preocupación inmediatos de prostitutas y organizaciones no gubernamentales.
"Esto es una cacería de brujas contra nosotras", consideró el miércoles en conferencia de prensa Jacqueline Montero, presidente del Movimiento de Mujeres Unidas, la mayor organización no gubernamental de prostitutas.
Explicó que "tenemos compañeras que están en la universidad, que la pagan con el trabajo sexual, otras tiene 5 ó 6 hijos y de eso viven sus niños".
Estimó que la persecución judicial no debe ser contra las prostitutas que ejercen su laboral de forma autónoma en las calles o contra sus clientes, sino contra los dueños de centros nocturnos que de forma clandestina obligan a sus bailarinas exóticas y masajistas a prostituirse.
Montero insistió que si las autoridades persiguen a los clientes de las prostitutas, obligarán a las trabajadoras sexuales a laborar en condiciones de aún mayor clandestinidad y vulnerabilidad que existen en la actualidad.
En lugar de arrestar a los clientes de las trabajadoras sexuales, el gobierno debe crear centros de formación laboral para prostitutas en los que ofrezca acceso a servicios de salud y microcréditos, comentó Santos Rosario, director de una organización no gubernamental dedicada a orientar a mujeres que se han prostituido o que han sido víctimas de trata.
Francisco Domínguez, procurador general, explicó el miércoles que el inminente arresto de los clientes de las prostitutas forma parte de los planes para combatir la trata de personas que afecta en el país a miles de mujeres, adultas y menores de edad.
"Se trata muchas veces de muchachas menores de edad que son semiesclavizadas", comentó el fiscal general. Recordó que con frecuencia se conocen casos de mujeres que, tras permanecer en centros de prostitución, "las reclutan para llevárselas a Argentina, Chile o a Europa", donde les son arrebatados sus documentos migratorios.
Un informe presentado el mes pasado por la organización Tú Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó que República Dominicana ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, sólo superado por Tailandia, Brasil y Colombia, como país de origen de mujeres que son prostituidas en otras naciones.
El estudio recopiló testimonios de mujeres dominicanas que han sido víctimas de la trata para ser explotadas sexualmente en otras naciones, principalmente de Europa, de Sudamérica y otras en islas del Caribe.
En años recientes, las autoridades han reportado que mujeres dominicanas son explotadas sexualmente en países de Medio Oriente.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no cuenta con estadísticas actuales, pero en su último estudio sobre República Dominicana estimó en 2003 que cerca de 60.000 mujeres de este país se prostituían en el extranjero.
"Para evitar que las mujeres dominicanas sean explotadas y obligadas a prostituirse, es necesario penar a quien consuma esos servicios sexuales", advirtió Jonathán Baró, procurador especial contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Domínguez, procurador general, precisó que las fiscalías ya comenzaron a combatir la prostitución en algunos centros turísticos, a donde mujeres y hombres, incluidos menores de edad, ofrecen sus servicios sexuales, muchas veces a la luz del día, a los miles de turistas que visitan las playas dominicanas.
El código penal dominicano no prohibe que una persona se prostituya o que otra contrate de forma directa sus servicios sexuales, pero sí establece penas para los proxenetas y en 1999 el Congreso aprobó una ley para tipificar la trata como delito.
Las nuevas disposiciones de la Procuraduría generaron el rechazo y preocupación inmediatos de prostitutas y organizaciones no gubernamentales.
"Esto es una cacería de brujas contra nosotras", consideró el miércoles en conferencia de prensa Jacqueline Montero, presidente del Movimiento de Mujeres Unidas, la mayor organización no gubernamental de prostitutas.
Explicó que "tenemos compañeras que están en la universidad, que la pagan con el trabajo sexual, otras tiene 5 ó 6 hijos y de eso viven sus niños".
Estimó que la persecución judicial no debe ser contra las prostitutas que ejercen su laboral de forma autónoma en las calles o contra sus clientes, sino contra los dueños de centros nocturnos que de forma clandestina obligan a sus bailarinas exóticas y masajistas a prostituirse.
Montero insistió que si las autoridades persiguen a los clientes de las prostitutas, obligarán a las trabajadoras sexuales a laborar en condiciones de aún mayor clandestinidad y vulnerabilidad que existen en la actualidad.
En lugar de arrestar a los clientes de las trabajadoras sexuales, el gobierno debe crear centros de formación laboral para prostitutas en los que ofrezca acceso a servicios de salud y microcréditos, comentó Santos Rosario, director de una organización no gubernamental dedicada a orientar a mujeres que se han prostituido o que han sido víctimas de trata.
Fuente: Diariolibre.com
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